ACUSAN AL DEFENSOR DEL PUEBLO DE INSISTIR VIOLAR LA LEY DE CONCURSOS

El presidente de la Asociación de Padres de Discapacitados del Chaco, José Giuggia, advirtió al Ejecutivo y a los tribunales, donde está judicializada la transferencia de personal del Ejecutivo al Instituto del Defensor del Pueblo, sin concurso de oposición y antecedentes que la ley de creación del organismo prevé ese mecanismo como única forma para ingresar a la Defensoría.

f700x390-2585_41603_0

José Giuggia, exempleado de la Defensoría del Pueblo, denuncia la violación de la ley de concursos.

Lo hizo luego de conocerse que el Defensor del Pueblo, Gustavo Corregido, y el gobernador Jorge Capitanich, acordaron la transferencia de 11 cargos del Poder Ejecutivo al Instituto y un concurso cerrado, más una serie de bonificaciones.

Giuggia, exencargado del área de Discapacidad de la Defensoría y que fue literalmente echado por Corregido, por reclamar el llamado a concurso de oposición y antecedentes, presentó notas en los Juzgados en donde se están tramitando expedientes judiciales en relación con esto, el Juzgado Civil y Comercial N° 4 y el Juzgado Laboral N° 3, anoticiando el convenio que el Defensor del Pueblo hizo público con el Ejecutivo y a su vez, puso al tanto al gobernador Jorge Capitanich de las acciones judiciales que se llevan adelante, una de ellas, para garantizar que el ingreso de personal al Instituto se haga por concurso de antecedentes y oposición, como una forma de garantizar la independencia del organismo y tal como prevén las leyes, actualmente en vigencia.

Además recordó que el actual asesor general de Gobierno, Miguel Garrido, había dictaminado que es imposible la transferencia de personal, teniendo en cuenta que son jurisdicciones distintas.

Además, fuentes de la Defensoría, adelantaron a Giuggia, que el mismo día que se hizo, el Ombudsman hizo el anuncio, se elevó desde su Instituto un proyecto de decreto al Ejecutivo para concretar las transferencias, en un trámite que se muestra como exprés, y que revela el interés de la cabeza de ese organismo por concretar la transferencia de estas 11 personas, violando las leyes que establecen la necesidad de concurso de antecedentes y oposición.