CONTINUÓ EL CONCURSO PARA JUEZ DEL STJ

Esta mañana se realizó la última instancia de entrevistas a los postulantes a ocupar el cargo de ministro, en el salón de usos múltiples del STJ.

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Frente a la presidenta del Consejo de la Magistratura, María Eugenia Saez (Poder Judicial), el vicepresidente Luis Alberto Mesa (abogados del interior) y los consejeros Rolando Toledo (STJ), Carim Peche (Poder Legislativo), Martín Orlando Nievas (Poder Legislativo), Amilcar Federico Aguirre (abogados de la capital) y Francisco Javier Oteo (Poder Ejecutivo), los cuatro postulantes que están rindiendo el examen se refirieron a cuestiones relativas a sus trayectorias profesionales y sus propuestas y prioridades en caso de acceder al cargo.

Los postulantes

Miguel Fonteina se identificó como un “hombre del Poder Judicial” y, en ese marco, habló de sus tareas relacionadas con la promoción del derecho del menor; mencionó su membresía activa de la comisión de la memoria, del COPROSEDE, del consejo provincial de la seguridad y de los foros provinciales en esa materia. Reveló que durante tres años recorrió la provincia y conoció personalmente a jueces, fiscales, y dependencias judiciales con sus necesidades, porque considera que de eso trata la “justicia participativa, activa”.

Jorge Dahlgren, habló de sus 23 años de trayectoria profesional y sus antecedentes como docente e investigador de la UNNE. Actualmente cumpliendo funciones en el Ministerio Público, destacó la necesidad de implementar medidas de mayor seguridad y también sostuvo que hay que prestar “especial atención a la autarquía judicial”.

A su turno Emilia Valle inició su exposición recordando un caso puntual en el que intervino desempeñándose como fiscal, que terminó condenando a otra persona (distinta de la que estaba acusada en un principio) debido a su intervención, que, según su criterio, marcó “un antes y un después en la historia de la investigación policial de Villa Ángela”. Al respecto, señaló “siempre actué de acuerdo a mis convicciones”, y remarcó: “a la verdad y la justicia jamás se llega avasallando derechos y garantías”.

También destacó que su jurisdicción, Villa Ángela, fue la primera en pronunciar una sentencia de prisión perpetua por violencia de género, en junio de 2014. Mencionó su participación, como miembro del Consejo de la Magistratura, del “hecho histórico” del proceso de selección del primer juez del STJ bajo concurso público. De este organismo opinó que hay que “buscar la forma democrática, como la de los abogados, de seleccionar nuestros representantes”, luego de afirmar que “llegar por sorteo no es democrático”.

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Por último, Juan Carlos Sandoval habló de sus comienzos como abogado en Tres Isletas, y contó cuando siendo juez de primera instancia, a los 29 años, fue cesanteado por la última dictadura y el momento de su detención, durante ese mismo gobierno. Al respecto señaló su profunda convicción respecto de la necesidad de preservar los derechos y garantías de los detenidos y afirmó que “cualquier democracia, por más corrupta y mala que sea, es mejor que el mejor de los gobiernos militares; porque en estos no hay garantías ni derechos de ningún tipo”.

Como especialista en el tema, señaló que cuenta “con el mejor y  mayor material de la zona en lo relativo al derecho societario y concursal, que ni siquiera la biblioteca del STJ tiene”.

Opinó respecto de la implementación del juicio por jurados, y puntualizó que está de acuerdo con esta herramienta pero señaló que es partidario del “fundamento del veredicto” y de “la apelación del querellante”, esto es, “el derecho al ejercicio de la doble instancia”. Del Consejo de la Magistratura, y puntualmente de los concursos como el que lo tiene como partícipe, señaló que “tiene que haber un tribunal académico, con gente especializada en cada materia”.

Próximos pasos

De acuerdo con los artículos 29 y 30 de la ley 7157 el Consejo de la Magistratura efectuará una evaluación fundada de cada uno de los postulantes. En caso de no haber unanimidad respecto del puntaje que mereciere el  postulante, la calificación será por mayoría, dejándose constancia de la opinión minoritaria.

Asimismo, dentro de los cinco días hábiles contados a partir de la conclusión de las entrevistas, el Consejo emitirá el dictamen que contenga bajo sanción de nulidad, fundamentos de la calificación y confeccionará la lista de candidatos que hubieren superado los 50 puntos tanto en el concurso de antecedentes como en el de oposición. Esta será publicada un día tanto en el Boletín Oficial, como en un diario de circulación provincial.

Luego tendrá lugar la audiencia pública (en un plazo no mayor de 30 días corridos desde la publicación de la nómina antes mencionada) a la cual se invitará a opinar sobre los candidatos a entidades profesionales, de la Magistratura, organizaciones sociales y de derechos humanos y a la ciudadanía en general.