CORRUPCIÓN EN EL CHACO: DOS CONDENAS EN UNA FISCALÍA Y EN COLONIZACIÓN

En los últimos días la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia emitió dos sentencias en las que funcionarios públicos fueron condenados por delitos de tráfico de influencia agravado y fraude a la administración pública.

casa_de_g_29255_29255

Los fallos 118/16 y 124/16 llevan la firma de Gloria Zalazar, jueza de la sala unipersonal Nº 3, y se refieren al caso de una exempleada de una fiscalía que ofreció “frenar” un expediente a cambio de $5.000 dos empleados del Registro de la Propiedad inmueble del Chaco que adulteraron instrumentos públicos, en un hecho vinculado con el Instituto de Colonización.

La primera recibió una pena de tres años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua. En el segundo caso fueron condenados también a tres años de prisión en suspenso y obligados a cumplir estrictas normas de conducta.

TRÁFICO DE INFLUENCIAS AGRAVADO

La Cámara determinó que Sylvia Liliana Ojeda fue penalmente responsable del delito de tráfico de influencia agravado en virtud del expediente 22.347/2013-1. Durante el juicio intervino como fiscal de cámara Dolly Roxana de los Ángeles Fernández y como defensores de la imputada Sergio Aguirre y Carlos Ameri.

Los hechos ocurrieron entre 24 y 29 de mayo de 2013. En esa ocasión Julio García denunció que Ojeda, quien se desempeñaba como prosecretaria provisoria de la fiscalía 15, le facilitó su número telefónico pidiéndole que “luego la llamara porque tenia algo que comentarle”. Posteriormente volvió a comunicarse con el denunciante a través de mensajes de texto diciéndole «si queres que te ayude avisame pero tiene que haber algo a cambio», «pero si queres entre vos y yo».

Más tarde le solicitó $5.000,00 para ayudarlo en la causa penal, aclarándole que ella era la Prosecretaria y quien le decía al Fiscal lo que estaba bien o mal. Con posterioridad, y por el mismo medio, reclamó $7.000 aduciendo que tenía cuentas que pagar.

El 27 de mayo, en una nueva comunicación le dijo “dame cinco mil nomas…» y, minutos después, «mañana archivo la causa hasta tanto no venga la causa de la Corte».

Al día siguiente, otra vez por el mismo medio Ojeda le dijo al denunciante que archivaría la causa una vez que tuviera los $5.000, haciendo valer indebidamente su influencia ante el fiscal Roberto Villalba.

Finalmente, luego de organizar, concretar el encuentro y recibir el dinero fue detenida por una comisión policial que estaba alertada de la situación, alrededor de las 16 del 29 de mayo en avenida 9 de julio 299.

FRAUDE A LA ADMINISTRACIÓN Y FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO PÚBLICO

En el otro juicio, que culminó en condena a los acusados, quedó dilucidado el accionar de Patricia Nadia Navarro y Raúl Osmar Valdivieso en el Registro de la Propiedad Inmueble del Chaco.

La primera fue declarada autora penalmente responsable de tres hechos de falsedad ideológica en instrumento público (artículo 293 en función con el 55 del Código Penal); mientras que el segundo fue considerado coautor funcional del mismo delito (artículo 293 del C.P.).

A juicio llegó el expediente principal Nº 1-16772/10 y sus agregadas por cuerda 1-38188/09 y 1-18186/10. En este caso intervino como fiscal de Cámara Dolly Roxana de los Ángeles Fernández. Mientras que la apoderada de la parte querellante fue Lucía Freschi, patrocinante Adrián Maximiliano Gaitán, el defensor Mario Manuel Peredo Aguirre (Navarro) y la defensora oficial Nº 14 Natalia Kuray (Valdivieso).

Los hechos sucedieron entre octubre de 2005 y diciembre de 2009.

Además la Cámara remitió la sentencia al fiscal que corresponda para que investigue “qué participación y en qué calidad les cupo en estas maniobras conforme surge de los asientos de cada folio” respecto de otras ocho personas entre las que hay una escribana y una abogada.

Finalmente declaró nulas todas y cada una de las matrículas falsas: Nº 3.200 del expediente 16772/10; 3.031 y 3.087 del expediente 18186/10 y la Nº 3.490 del expediente 38138/09 y sus respectivos asientos. Disponiendo que la decisión sea comunicada al Instituto de Colonización, al Registro de la Propiedad Inmueble, al juzgado en el cual se tramita la causa civil que diera origen de conflicto aparente los aparentes titulares del inmueble en cuestión y, eventualmente, de existir otras causas que se originaran en estas inscripciones deberán el Registro y el Instituto informar la declaración de nulidad de las inscripciones.

En caso de quedar firmes los pronunciamientos, la declaración de nulidad de esas inscripciones apócrifas devuelven los bienes al Estado provincial. Éste, de acuerdo a sus leyes de colonización, dispondrá de los mismos ya que evita supuestos conflictos entre partes que no son propietarios y que nunca lo fueron.

Por su parte el Instituto nunca dejo de ser propietario de esos inmuebles, las maniobras lo que hacían, en definitiva, era sacar fraudulentamente del dominio del Estado provincial tierras fiscales a precios irrisorios, las que eran vendidas a precio dólar de manera fraudulenta.

Fuente: DiarioTAG