DENUNCIAN GRAVISIMO ESTADO DEL SISTEMA DE JUSTICIA EN EL CHACO

Por Javier Insaurralde

HEREDEROS DE MANUEL ROSEO ACUDEN AL CONSEJO PROFESIONAL DE ABOGADOS Y PROCURADORES Y PIDEN ACOMPAÑAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN DE JUDICIALES AUTOCONVOCADOS.

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Los herederos de MANUEL ROSEO, ante la gravedad institucional que refleja el accionar de la Justicia del Chaco, han recurrido al Consejo Profesional de Abogados, en el afán de aunar esfuerzos para luchar por una justicia independiente. Los judiciales Autoconvocados han denunciado públicamente que los Jueces “CAMBIAN SENTENCIAS POR CARGOS” y eso constituye un acusación gravísima, máxime proviniendo de gente que conoce el tema y que podrían tener conocimiento de hechos concretos que les permiten referir esas cuestiones.

En el caso de la ESTANCIA LA FIDELIDAD el Superior Tribunal de Justicia ha tenido una triste, bochornosa y escandalosa intervención.

Mediante decreto fundado la Dra. ISABEL GRILLO en su carácter de Presidente del STJCH dispone suspender el tratamiento de la inconstitucionalidad de la ley 7317, que prevé el traspaso de La Fidelidad a la Nación, planteada por el Abogado de los herederos. Adopta esta decisión diciendo: “…y siendo que existe una estrecha vinculación entre los autos requeridos por la Corte Federal y la presente causa, dado que el inmueble expropiado por Ley Nº 6928 es precisamente el transferido al Estado Nacional por Ley Nº 7317, en consecuencia, déjese sin efecto el llamamiento de autos para dictar sentencia…”. Este decisorio obliga al Dr. HAIQUEL –con los mismos argumentos- a suspender el trámite de expropiación hasta tanto se expida la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN y determine si la Ley de Expropiación es o no constitucional.

La decisión adoptada por el Dr. HAIQUEL desató una desaforada y escandalosa arremetida contra el Magistrado, utilizándose los medios de prensa para amenazarlo, poniéndose en tela de juicio su capacidad profesional. Este gravísimo atropello terminó sumiéndolo en una profunda congoja y desazón por lo cual no tuvo otra opción que acogerse a la Jubilación. Es necesario, dejar perfectamente en claro, que el DR. HAIQUEL abandonó la justicia por el ATROPELLO DEL ESTADO y por las AMENAZAS PUBLICAS que le hicieran varios funcionarios del Gobierno.

Evidentemente ese accionar de los funcionarios gubernamentales perseguía el objetivo de “alinear” a todos los JUECES DEL CHACO. Inmediatamente obtuvieron sus réditos, porque el SUPERIOR TRIBUNAL sospechosamente le solicita a la CORTE SUPREMA que le devuelva el expediente para proseguir el trámite de la Ley de traspaso a la Nación. La CORTE le deniega la devolución por cuanto el mismo estaba siendo utilizado. Más sospechosamente aún, un Secretario extrae fotocopias del expediente en Buenos Aires y sin tener facultades legales, las certifica y las entrega al SUPERIOR TRIBUNAL.

Con esas fotocopias ilegalmente obtenidas, el SUPERIOR TRIBUNAL prosigue el tratamiento y en tiempo récord falla diciendo que la LEY DE TRASPASO A LA NACIÓN ES CONSTITUCIONAL. La Constitución dice que toda Ley que altere la Jurisdicción debe contar con un REFERÉNDUM POPULAR estableciendo tácitamente “SIN CUYO RECAUDO LA LEY NO SERÁ PROMULGADA”.

Escandalosamente el SUPERIOR TRIBUNAL la declara constitucional acotando: “…requiere para hacer efectiva la modificación de la jurisdicción territorial inexorablemente la aprobación por referéndum popular. Condición que al no haberse llevado a cabo supedita también la efectivización de la transferencia y cesión aún pendientes en el proceso…”.

Es decir que declaró Constitucional la Ley pero no AVALO LA TRANSFERENCIA de jurisdicción. Es un FALLO ESCANDALOSO, VERGONZOSO y pone en serio peligro el sistema de justicia del Chaco. Es fácil interpretar que el SUPERIOR TRIBUNAL actuó de esa manera para congraciarse con el Poder Ejecutivo y evitarse el acoso que tuvo que soportar el JUEZ HAIQUEL.

Estas circunstancias constituyen un hecho inédito en la Justicia del Chaco donde su accionar se ve seriamente sospechado y pone en evidencia el estado grave del sistema de justicia imperante en la Provincia del Chaco. Por eso se realizan los acuerdos y las diligencias necesarias para denunciar estos gravísimos actos de corrupción, pretendiéndose lograr una justicia independiente que dicte fallos de acuerdo a lo que establecen las Leyes, despojándose de las interferencias de actores de otros poderes del Estado.

Tenemos una justicia adicta al Poder Ejecutivo en la Provincia del Chaco, obsecuente y consecuente con los caprichos de los integrantes del Gobierno Provincial, de esa forma ningún habitante de esta provincia gozará de una justicia legítima.