EL BOCHORNOSO Y MILLONARIO CASO DE LOS HERMANOS RETAMOZO Y EL IPDUV

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Un ex empleado de la Tesorería del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) habría obtenido ganancias millonarias a través de ventas de materiales de construcción que debían destinarse al Programa Nacional de Erradicación de Viviendas Rancho. Ricardo Donato Retamozo denunció las operaciones que se habrían realizado bajo la presidencia de José Valentín Benítez.

La primer denuncia que realizó Ricardo Donato Retamozo fue presentada ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) en marzo de 2018. Posteriormente, ya en el mes de abril, el mismo denunciante se presentó ante la Fiscalía Federal que encabeza Patricio Sabadini. Ante este funcionario contó, con detalles muy precisos y llamativos, todos los movimientos que hacía la unipersonal empresa RA Construcciones, de su hermano Omar Naldo Retamozo y el trascendente vínculo de la empresa con un tercer hermano, Rubén Antonio Retamozo, quien era funcionario de la Tesorería del IPDUV. El denunciante lo apuntó a RA como el presunto cerebro de la organización y funcionamiento de la empresa, a la que achacó que se transformó en una fuente de facturación sin obras a partir de la presidencia de José Valentín Benítez.

De los tres hermanos Retamozo el único que no podía tener vínculo formal con la empresa era el empleado del Instituto de Viviendas, que creó la constructora RA. Esta sigla se asemeja a un homenaje que favorecía a Rubén Antonio. Según figura en la denuncia, la idea de formar la empresa RA Construcciones surgió luego de que vieran como se “malversaban” recursos en los tiempos de la gestión radical de Félix Zarabozo en el IPDUV, cuando Roy Nikisch era gobernador. El denunciante señaló que, siguiendo esas presuntas prácticas, los hermanos inscribieron y dieron vida a la empresa constructora. Casi automáticamente logró ganar en el último tramo del gobierno de Nikisch una licitación para la construcción de 15 viviendas en La Tigra. Según el denunciante, esa fue la única obra adjudicada a RA Construcciones, que continuó facturando al IPDUV como proveedor de materiales para la construcción.

Los primeros millones

El dinero grueso comenzó después de que terminaran la construcción de las 15 viviendas en La Tigra. En 2009 Rubén Antonio decidió retirarse del IPDUV. Se fue pero allí quedaron aceitados contactos que le permitieron  realizar negocios florencientes.

El principal negocio llegaría con la gestión de José Valentín Benítez, específicamente con la ejecución del Plan Nacional de Erradicación de Viviendas Rancho destinado a “proveer de materiales a personas carenciadas para refacción de sus viviendas”.

El mecanismo no era ninguna novedad. Se eligieron empresas constructoras o polirrubros que montaban operaciones presuntamente ficticias. “Los materiales nunca fueron comprados por las empresas y proveedores particulares ni vendidos al IPDUV, no se entregó a los beneficiarios del plan, sino que sustrajeron dichos fondos públicos”, apuntó Ricardo Donato Retamozo con todas las letras.

La ruta del dinero R

 El denunciante afirmó que su hermano, ex funcionario de la Tesorería del IPDUV, rellenó facturas  de su puño y letra que simulaban ventas de materiales al Instituto. A cambio, habrían recibido 27 millones de pesos en 2011. También reveló Ricardo Donato que Omar Naldo Retamozo, en los papeles titular de la constructora, personalmente retiraba los fondos en la sucursal del Nuevo Banco del Chaco de la localidad de San Bernardo. Las extracciones variaban de  300 mil a 800 mil pesos, que no llamaron la atención de los investigadores, el Nuevo Banco del Chaco y la UIF, a pesar de que era intenso el movimiento de dinero físico. No tuvieron en cuenta que en esa época el dólar cotizaba a 4,32 pesos. Por lo tanto, la empresa unipersonal que no construía viviendas manejó recursos públicos equivalentes a 6 millones de dólares.

Hasta los integrantes de la organización entendieron que el volumen de los movimientos de fondos podría llamar la atención de los que investigan y de los que rutinariamente controlan los movimientos financieros. El denunciante afirmó que los contactos de R.A. Retamozo dentro del IPDUV le advirtieron que no podía seguir teniendo ese flujo de facturación y le indicaron que sería necesaria crear otra empresa. Así nació el “Grupo RD”, de Ricardo Donato Retamozo, quien fue el que realizó la denuncia, se autoincriminó y entregó el talonario original a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas en el mes de marzo. Allí denunció que Rubén Antonio Retamozo rellenaba de puño y letra las facturas de la nueva empresa unipersonal, el “Grupo RD”, que pagaba el IPDUV.

El denunciante destacó que el Instituto transfirió, por presuntas operaciones ficticias, aproximadamente 4 millones de pesos al “Grupo RD”. Los retiros de los fondos fueron efectuados por Ricardo Donato la Casa Central del Nuevo Banco del Chaco. Cada extracción fluctuaba entre 300 mil a 400 mil pesos. Parece que la coordinación entre el Instituto y los Retamozo era tan aceitada que una funcionaria de Tesorería del IPDUV los llamaba para avisarles que los fondos estaban depositados y que tenían que pasar a retirarlos del banco.

Ricardo Donato Retamozo describió la ruta de esos dineros. En la primera etapa RA Construcciones retiraba los fondos de la Sucursal de Banco del Chaco de la localidad de San Bernardo. Después, “Grupo RD” extraía de la Casa Central de dicha banca en Resistencia. La plata viajaba hasta la vivienda de Omar Naldo en La Clotilde. Por el servicio que prestaba cada hermano, titulares de las dos empresas unipersonales cobraban entre 5 mil a 10 mil pesos y el resto –afirmó el denunciante- quedaba en poder de Rubén Antonio, que explicaba que el reparto global de los fondos se haría después, aunque con la aclaración de que el 50% tendría que retornar a los funcionarios del IPDUV que compartían el negocio. Por ese motivo es que aparentemente los funcionarios corruptos del Instituto urgían que retiraran los fondos del banco para asegurarse el pago rápido de los retornos.

Ricardo Donato Retamozo aseguró que la plata era transportada desde La Clotilde a la sede del IPDUV en cajas plásticas azul, entregadas en la Secretaría General del organismo. Allí una funcionaria entregaba una caja azul similar, pero vacía. No había que levantar sospechas. El denunciante señaló todos los nombres en su denuncia, con tanta precisión que produce asombro.

La mitad que le correspondía los Retamozo, según la denuncia, se guardaba en un concesionaria de automóviles por calle Cangallo al 800, que todavía opera y tiene las mismas iniciales que la constructora RA. El denunciante señaló que para seguir operando era necesario acreditar la entrega de los materiales supuestamente comprados por las empresas a terceros. Habitualmente se elegía a un manifestante de los que frecuentemente reclamaban frente al IPDUV a cambio de montos que variaban entre 3 mil a los 5 mil pesos por cada firma que representaba que recibía los materiales.

Multas simbólicas de la AFIP y nada más

El escándalo administrativo fue tal que hasta intervino la AFIP. Es que el flujo de fondos era justificado con facturas presuntamente apócrifas de supuestos corralones y proveedores, todos responsables inscriptos. Las facturas servían para disimular a la baja la renta neta que obtenían.

AFIP le aplicó una multa a RA Construcciones de 800 mil pesos y otra al “Grupo RD” por 80 mil pesos. Un contador, en nombre de ambas empresas, gestionó un plan de pagos. La multa de 800 mil se paga en cuotas de 20 mil pesos en un plazo de 10 años. La otra en cuotas de 5.500 pesos en un plazo de 3 años y ya está cancelada. Fueron prolijos y cumplidores para pagar las cuotas.

También está denunciado el uso del dinero. El ex funcionario del IPDUV, Rubén Antonio Retamozo, compró -entre otras cosas-, un terreno de amplias dimensiones en calle Fontana al 700 que figura a nombra de su pareja, un departamento en el edificio COPERVI, de los trabajadores del Instituto de Viviendas, según el detalle, uno de los más grandes y con cochera, un dúplex en el Barrio Provincias Unidas, que está en alquiler.

Las revelaciones a la Justicia también alcanzan a otro ex empleado del Instituto de Viviendas, Alejandro Roganovich. Como su antiguo compañero de trabajo, creó una empresa constructora denominada INTECNEA. Ricardo Donato Retamozo denunció que en 2011 esa empresa construyó un edificio de varios pisos en calle José Hernández. En ese edificio el cerebro de RA Construcciones compró otro departamento con cochera. En el mismo inmueble dos funcionarias del IPDUV compraron departamentos con cocheras.

La historia se completa con otras operaciones que ya se vieron en otros casos investigados como las causas Lavado I y II, en las que se comprobaron las compras de autos de alta gama, embarcaciones y viajes por el mundo, que los chaqueños ya vieron y que todavía no investigan.

Confusión en las redes sociales

En el mes de marzo, en medio de los allanamientos ordenados por la Justicia Federal y la detención de Horacio Rey dispuesta por la Justicia chaqueña, en las redes sociales trascendió parte del texto de lo que parecía ser otra denuncia en la que un tal Retamozo hablaba de negocios familiares, traiciones y hechos delictivos que podrían estar relacionados con lo que en ese momento comenzaba a tomar estado público.

Uno de los investigados fue Ariel Retamozo, que luego fue apresado como presunto partícipe de las maniobras que también acabó con las detenciones de Horacio Rey, Roberto Lugo y Claudia  Soledad Varela en la causa donde se investiga el manejo de los fondos destinados al pago de publicidad y propaganda. Después apareció Ricardo Donato Retamozo y se generó una curiosa confusión que intensamente recorrió las redes sociales, aunque luego estableció que éste último no tenía nada que ver con el Lavado I.

Varios meses después se supo que las capturas de texto que circulaban por redes sociales correspondían a la denuncia realizada por Ricardo Donato Retamozo, que no tenía ningún parentesco con Ariel Retamozo, pareja de Claudia Soledad Varela y detenido en el Lavado I. La nueva causa que debió iniciarse no tuvo relación con el expediente en el que se investiga el manejo de fondos destinados al pago de pautas de publicidad. La denuncia de Retamozo específicamente hacía referencia al manejo de recursos públicos en el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV).