GOBIERNO RICO EN UN CHACO EMPOBRECIDO Y PARALIZADO

Durante el primer semestre de 2017 el sector público de Chaco tuvo ingresos de origen nacional por más de 16.300 millones de pesos, con un crecimiento promedio mensual cercano a los  660 millones.  El mes de junio marcó el récord de recaudación, con un ingreso de 3.425 millones,  que representó un crecimiento nominal de  932 millones más que en el mismo mes del año pasado, que en porcentaje fue de 37,3% más de ingresos fiscales.

En julio y agosto de este año las remesas  de origen  nacional  tuvieron un mejor desempeño, con niveles  similares en ambos meses. En julio ingresaron más de  3.176 millones, o sea un 46,5% más que durante el mismo mes del año pasado, mientras que en agosto los ingresos superaron los  3.175 millones, es decir 806 millones más de fondos nacionales que los transferidos durante el mismo mes del año anterior,  que representó un 34% de crecimiento interanual.

El crecimiento de  los ingresos de coparticipación refleja, finalmente, que el aumento nominal fue de casi 5.800 millones de pesos más en los ocho primeros meses del año, comparado  con igual periodo del 2016, lo que representa algo más de un 34% de mayores fondos recibidos. Los números indican que los ingresos de Nación crecieron muy por encima de la tasa de inflación de 2017. Producto de la mayor recaudación duplicaron el crecimiento de la inflación medida por el INDEC.

 

De la mala administración de Capitanich a la opaca gestión de Peppo

Se  debería descartar  que estemos ante una situación financiera difícil y delicada por la supuesta “baja de ingresos fiscales” que difunde el gobierno chaqueño, que con esa postura pierde objetividad y desinforma. Pero, no se puede desechar que existan agujeros negros por donde los recursos fiscales drenen y escapen, fenómeno que fue potenciado por la corrupción y el  crecimiento interanual de los ingresos coparticipables, en el que la Fiduciaria del Norte S.A. cumple un rol estratégico. La explicación pendiente solo puede atribuirse al Gobierno.

 

Excedentes financieros  por  ajuste salarial

El año pasado, con una situación fiscal bastante peor, con un crecimiento interanual de ingresos nacionales del 28% y de origen provincial del 37%, y una tasa de inflación por encima de la variación nominal de  tales ingresos, la pauta salarial para el sector público fue de un 20% en el primer semestre. En el segundo la recomposición salarial comprendió el pago  acumulativo de dos cuotas de 5% cada una, más algunas mejoras y bonificaciones sectoriales concedidas por encima de la pauta general.

Durante los primeros ocho meses de este año se  generaron excedentes financieros suficientes que podrían haberse aplicado a aumentar la pauta salarial ofrecida para todo el año, hasta alcanzar una variación en una banda que  podía oscilar  entre el 23 y el 28% anual, que se pudo pagar  en tres cuotas como se venía ejecutando desde hace varios años en materia de recomposición salarial para los trabajadores públicos, tomándose en cuenta que ha sido constante  -a lo largo de los últimos años- la política de aplicar casi en su totalidad los ingresos por Coparticipación Federal como fuente de financiamiento de la masa salarial de la administración pública provincial. Esto se debió a la tradicional estructura del gasto corriente, pese a la limitada autonomía financiera de la Provincia. La actual gestión de gobierno parece decidida a apartarse de este criterio que provoca,  al menos en este año, una marcada  caída del poder adquisitivo real del  salario  de los trabajadores estatales.

 

Salarios por debajo de los ingresos fiscales y de la inflación

La actual administración provincial dispuso una pauta general del 6% en marzo pasado, más el 4% en julio y el 1,5% en agosto para los trabajadores de la administración central, lo que representa un acumulado cercano al 12% en los primeros ocho meses del año. La variación promedio en los ingresos nacionales, en el mismo período, fue superior al 34%.

La tasa de inflación de este año, ya se sabe,  superará la meta del 17% prevista por el Gobierno nacional como pauta macrofiscal y, según proyecciones oficiales y de consultoras privadas, se ubicaría entre el 21 y el 25%. Cuesta entender, entonces,  por qué el Gobierno fijó una pauta salarial tan baja para este año. Si bien no existe una legislación  que regule las pautas salariales para la administración pública, históricamente fueron establecidas en base a la variación de los ingresos fiscales ejecutados, teniendo en cuenta las tasas de inflación, salvo en la actual gestión del gobernador Peppo,  en la que  los parámetros de recomposición salarial fueron fijados muy por debajo de ambos indicadores. Sin embargo, el Gobierno está en condiciones financieras de fijar una pauta salarial acorde con la variación de los ingresos fiscales y a la tasa de inflación esperada, aunque la decisión política  indica lo contrario.

El ajuste aplicado por el Gobierno en materia salarial ha impactado, directa y frontalmente, en la disminución del consumo en las familias que tienen como jefes o jefas de hogar a un trabajador público. La caída del consumo familiar no solo impactó la canasta básica, sino también la canasta alimentaria. Ese ajuste explica la caída en las ventas de las empresas comerciales y en la actividad minorista local, desalentando las inversiones y la generación de nuevos puestos de trabajos en el sector privado dado que la masa salarial de los trabajadores públicos constituye el mayor flujo de distribución de ingresos en Chaco y opera como disparador y sostenedor de las actividades económicas.

 

Servicios públicos paralizados y desinformación

La posición asumida por el Gobierno, de mantenerse pasivo y casi indiferente ante los reclamos salariales de los distintos sectores de trabajadores públicos, no deja de sorprender a propios y extraños. Hace varios meses que los servicios esenciales a cargo del Estado están paralizados o semiparalizados por los continuos paros de los empleados estatales, en sectores claves como seguridad social, salud, educación y  justicia. En materia socio-sanitaria, el escenario  es sumamente grave. Se ha llegado a un pico de degradación institucional,  de desorganización, de deshumanización y de desatención del sistema que no reconoce etapa parecida. Naturalmente que el ajuste recae sobre casi toda la población, especialmente la que vive por debajo de las líneas de pobreza  e indigencia, muy particularmente los que subsisten en situación de  máxima exclusión social. Únicamente el servicio de seguridad  pública se mantiene sin corte de servicios por una imposición legal, cultural y política,  aunque gran parte de los trabajadores policiales viven por debajo de la línea de pobreza.

Sin embargo, el Gobierno  publicita los programas “Estado presente” o “el Estado de tu lado” indiferente ante los reclamos sociales y de los trabajadores públicos,  mientras gastan fortunas  en objetivos banales y superfluos, que finalmente son  dudosamente rendidos, esquema que no ha sido despejado por el simbólico acceso a la información pública que se pretendió transmitir al inaugurarse  el portal “transparencia.chaco.gov.ar”, que deja mucho que desear en lo que debería ser un gobierno abierto. Por ahora la opinión pública sólo accede a información muy parcializada, generalmente desactualizada, con un sitio en construcción, con poco desarrollo y escaso  volumen de información, que muestra derivaciones a otros sitios que tampoco tienen la información sustancial que efectivamente nutra a la opinión colectiva.

 

El financiamiento estaría cubierto

Estaría calzada  la necesidad de financiar  las deudas flotantes de los ejercicios financieros 2015 y 2016 con la autorización de contraer deuda pública por  4.900 millones de pesos  que fue aprobada por la Cámara de Diputados cuando se  sancionó la ley de Presupuesto General, aunque la negociación del empréstito viene demorada y en espera de mejores oportunidades de mercado. Se habla de que la operatoria podría comenzar a fines de setiembre.

Fue alentadora la evolución de indicadores macroeconómicos en los primeros ocho meses de este año,  muy distinta a la del año pasado. La conducta fiscal del Gobierno provincial es llamativamente conservadora y extremadamente restrictiva en algunos gastos,  sobre todo en materia de recomposición salarial. Las causas y las metas  que justifican los nuevos lineamientos del plan deberían ser explicadas por el Gobierno, transparentando la información que, por ahora, permanece entre bambalinas.

Paralelamente, cada tanto, resurge otro tema bastante confuso que tiene que ver con el origen, volumen, registración y destino de los fondos ingresados vía endeudamiento internacional contraído, con destino específico,  que fuera autorizado por la ley 7782, hasta un monto de  4.000 millones. Y si bien se sabe que la operación financiera y el ingreso de fondos  se concretaron durante el ejercicio 2016, no se conoce mucho acerca de los movimientos de tales  fondos y sus  destinos. En lo que se refiere a la operatoria de pago de  los montos de las sentencias  dictadas a favor de funcionarios y empleados del poder judicial, se realizan a través de la Fiduciaria del Norte S.A., con intervención del Nuevo Banco del Chaco S.A. y de la Fiscalía de Estado. Por las características de las entidades participantes, todavía no ha sido  posible a acceder a la información completa que ponga luz sobre las operaciones realizadas, aunque lo ocurrido fue penalmente denunciado por los diputados Livio Gutierrez,  Marilyn Canata e Irene Dunrauff.

 

Elevada coparticipación y provincia pobre

El Chaco es una de las provincias más pobres, con uno de los más altos índices de Coparticipación Federal de impuestos del total de provincias argentinas. Nuestro índice ocupa el 5° lugar de importancia, solo superado por Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, y C.A.B.A. Está por encima de provincias con mayor número de habitantes, nivel de actividad y generación de riqueza, como son Mendoza, Tucumán, Entre Ríos, Salta y Misiones.

A pesar de los apreciables recursos con que se cuenta a través del goteo de la Coparticipación, los distintos gobiernos chaqueños permanentemente hablan de situaciones de crisis económica y financiera, de emergencia económica, de menores recursos que los esperados y de baja en los ingresos por Coparticipación. Esta línea oficial solo es discurso y una de las formas que utilizan los gobiernos para desinformar sobre la realidad financiera y económica del sector público, que se instaló -como verdad revelada- a través de la constante repetición de argumentos erróneos y falsos,  mientras hicieron caja con otros fines.