LA JUSTICIA DECLARÓ LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO QUE REGLAMENTA EL PAGO ESCALONADO A SENTENCIAS JUDICIALES

La Cámara de Apelaciones Civil y Comercial dictó una nueva sentencia que establece la inconstitucionalidad del decreto 2092 del Ejecutivo que reglamenta el pago previsto por sentencias judiciales en cuotas y con quitas de hasta 50%. Lo dispone en virtud de que ya había sido declarada la inconstitucionalidad de la ley de Emergencia Económica sobre la que se fundamenta el decreto, por lo tanto, el decreto también debe ser considerado inconstitucional.

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Con fecha de hoy, el fallo está firmado por los jueces Diego Gabriel Derewicki de la Sala Cuarta, Marta Inés Alonso de Martina de la Sala Cuarta y María Ester Anadón Ibarra de Lago de la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial.

En sus fundamentos el Tribunal señala: “Concluyo que la norma infraconstitucional que se considera resulta conclutoria de las garantías constitucionales supra aludidas, motivo por el cual corresponde confirmar la resolución…” “En relación al decreto 2092 Reglamentario de la ley 7751 cabe precisar, en primer término que el Poder Legislativo puede autorizar a la Legislatura para que regle materias específicamente determinadas pero ello no significa, obviamente que ceda o transfiera una potestad propia, lo que está vedado expresamente. El Congreso toma la decisión política y traza las directivas generales para que sea el Poder Ejecutivo quien posteriormente adopte soluciones normativas concretas. Son normas “praeter legem”, por lo que desde el punto de vista sustancial estos reglamentos son como si fueran leyes (igual fuerza) pero con jerarquía sublegal, pues deben ajustarse estrictamente a la ley de delegación. Por lo tanto, habiéndose declarado la incostitucionalidad de la ley Nº7751, la consecuencia inmediata de ello es que el Decreto reglamentario carece de sustento legal alguno y sigue, por ende, la suerte de la ley que permitiera su existencia. Es que, debo puntualizar, que al no tener un apoyo legal, resurge sin hesitación, la categórica prohibición para el Ejecutivo de arrogarse funciones legislativas«.

El Gobierno puede ahora apelar una vez más y será el Superior Tribunal de Justicia el que deberá expedirse.

Fuente: Diario Chaco