LA JUSTICIA ELEVÓ A JUICIO LA CAUSA POR LAVADO DE DINERO CONTRA LÁZARO BÁEZ

El juez federal Sebastián Casanello finalmente elevó hoy a juicio la causa por presunto lavado de dinero contra el empresario Lázaro Báez, sin incluir a la ex presidenta Cristina Kirchner.
El proceso abarcará a los cuatro hijos del empresario patagónico, al financista Federico Elaskar, al empresario Leonardo Fariña y otras más de veinte personas, todas acusadas de integrar una “banda” dedicada al lavado de activos, a partir de los fondos que circularon a través de la financiera SGI, conocida como “La Rosadita”, y que se estiman en unos 60 millones de dólares de origen ilegal.
Tal como lo había solicitado el fiscal Guillermo Marijuán al reclamar la elevación a juicio, se juzgará además al abogado Jorge Chueco, al contador Daniel Pérez Gadín, Fabián Rossi (exmarido de la vedette Ileana Calabró) y el empresario Carlos Molinari, este último quien pagó la boda entre el mediático Fariña y la modelo Karina Jelinek.
Al declarar clausurada la instrucción, el Tribunal Oral que resulte sorteado deberá fijar fecha de realización del proceso, en el que no estará incluida la ex presidenta Kirchner ni funcionarios de su gestión, tal como reclamaba el Gobierno de Mauricio Macri a través de la Oficina Anticorrupción, querellante en la causa.
La ex presidenta está ligada al origen de la maniobra investigada: según Casanello, los millones que lavó Báez provienen de la asignación irregular de obra pública en Santa Cruz, lo que investiga el juez Julián Ercolini, quien ya la procesó junto con Báez por asociación ilícita y fraude.
El organismo que preside Laura Alonso elevó incluso este viernes ante la Cámara Federal un recurso de queja tras la denegatoria a la apelación que había presentado para que la ex presidenta Kirchner fuera citada a declaración indagatoria, lo que nunca ocurrió.
Sucede que, en esta investigación, se evaluaron las maniobras a través de la financiera SGI, con el fin de sacar del país sumas millonarias en dólares, presuntamente originadas en el uso de facturación apócrifa para simular gastos en el marco de los contratos de obra pública con el Estado Nacional.
En la presentación, la OA había indicado que las partes acusadoras sufren “una privación de justicia frente a la sostenida negativa del juez a convocar a la imputada a rendir explicaciones” en esta causa.
“La decisión es de cara a la clausura parcial de la instrucción y tras más de cuatro años de investigación, lo que sin lugar a dudas genera un agravio irreparable –un ´cierre de puerta´ a la pretensión acusatoria- que habilita la revisión de la decisión por el tribunal de alzada”, añadió.
En dos ocasiones previas el juez ya había intentado elevar la causa a juicio, pero cada vez que llegaba el expediente a la Cámara Federal le exigían profundizar algunos aspectos de la investigación sobre la llamada “ruta del dinero K”.
Los pedidos de indagatoria sobre Cristina Kirchner también abarcan al ex ministro de Planificación Julio De Vido, a Carlos Kirchner (primo del ex mandatario) y otros ex funcionarios que ya están procesados en la causa por fraude en la obra pública en Santa Cruz, direccionada a las empresas de Báez.
Por lo pronto, Báez ya lleva más de un año y medio detenido y llegará en esa condición a juicio oral, al igual que su abogado Chueco y el contador Pérez Gadín, mientras que el resto se encuentra en libertad.
Báez cuenta con tres procesamientos por lavado de dinero, en tanto que sus cuatro hijos están acusados por el mismo delito: una de las acusaciones es por haber recibido dinero de la obra pública durante el kirchnerismo.
La detención de Báez se produjo en abril de 2016 luego de que se conociera un video de la financiera SGI, más conocida como “La Rosadita”, en el que se veía a su hijo Martín y otras personas ahora imputadas contando varios millones de dólares, lo que -según el juez- fue producto de maniobras de lavado originadas en la evasión de impuestos y el uso de facturas truchas.
“Lázaro Báez y sus hijos Martín, Leandro, Luciana y Melina aportaron al hecho delictivo mediante la aplicación de una enorme cantidad de fondos de origen ilícito, realizando la gestiones necesarias para que confluyan en el mercado formal como provenientes de fuentes lícitas”, indicó el juez Casanello en su fallo.
Y advirtió que, para ello, “desde sus respectivas funciones realizaron aportes sin los cuales el hecho no habría podido cometerse, valiéndose por momentos y desde sus respectivos roles de la estructura societaria de las firmas que componen el holding de empresas encabezada por Austral Construcciones S.A., suscribiendo los documentos necesarios para constituir cuentas y sociedades en el extranjero, realizando viajes al exterior, concurriendo a las oficinas de la ´cueva´ SGI”.
Fuente: NA