LA UNIÓN DE TRABAJADORES JUDICIALES RATIFICA EL PARO DE MAÑANA JUEVES

Gustavo Sancho no pudo explicar unos $ 2,5 millones en operaciones con autos. Los vínculos que le permitieron vivir a la sombra de la Justicia.

La causa 5237/2014 podría contarse sólo en números y aún así impresionaría por su dimensión: 10 mil fojas de expediente, 42 allanamientos, 57 vehículos secuestrados, 30 testigos, 4 vuelos narco detectados, toneladas de cocaína en juego, 133 millones de pesos de embargo, 21 compañías aéreas consultadas sobre los viajes de los miembros de la banda y casi una decena de países involucrados.

Pero la investigación “Sancho, Gustavo Darío y otros s/infracción a la Ley 23.737” es más que eso. Se trata de un proceso complejo sobre uno de los clanes familiares más importantes de la Argentina, con base en la provincia de Buenos Aires, dedicado al tráfico de cocaína a gran escala y al subsiguiente lavado de los millones producidos por ese negocio.

El pasado 14 de noviembre la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado fue tras esta organización y detuvo a 16 personas, entre ellas el presunto jefe de la banda: el empresario Gustavo Sancho (56). También arrestó a sus hijos Alan (29), Franco (20) y Ayrton (21), y a su pareja, Claudia Bibiana Espíndola (44).

Al núcleo familiar se sumaron personas de confianza de Sancho, entre ellas, el hombre que, desde una mesa de dinero ubicada en el Microcentro porteño, enviaba efectivo a Bolivia para el pago de los proveedores de la droga.

Con toda la prueba reunida durante la causa, iniciada en 2014 por la Unidad de Operaciones Especiales Antidrogas de Gendarmería,la jueza procesó a 12 de los 16 imputados originales. Además, trabó embargos por 133 millones de pesos, 70 de los cuales apuntan directo a Sancho y su familia. A 11 de ellos les dictó la prisión preventiva, por lo que seguirán presos.

Los delitos en juego fueron “tráfico de estupefacientes” y “lavado de dinero”, y en la resolución de Arroyo Salgado de 415 páginas, tuvieron fundamentos por separado.

LA RELACIÓN CON CHACO 

En cuanto al tráfico, se relacionó a la organización de Sancho con cuatro avionetas narco secuestradas en Argentina y Paraguay: la primera llegó a descargar 372 kilogramos de cocaína en agosto de 2015 en Itapúa (Paraguay); otra apareció abandonada en julio del año pasado en San Salvador, Entre Ríos; una tercera fue hallada por las autoridades paraguayas dos meses más tarde con 400 kilos de cocaína en una área cercana a la frontera brasilera, y la última fue encontrada en diciembre de 2016 en un campo de localidad bonaerense de General Belgrano.

La que más preocupó a Sancho fue la avioneta secuestrada con 400 kilos. No tanto por la carga sino porque en ese operativo cayó su piloto preferido. Preocupado llamó al abogado que lo había defendido en una causa narco en Chaco, Matías Jachesky, para ver si se podía hacer algo. “Y, por ahí, poniendo una monedita se podrá acomodar algo, ¿no?”, le dijo actual defensor oficial chaqueño cuyo despacho fue allanado el 14 de noviembre, aunque sobre él aún no pesa una acusación concreta ni está detenido.

En cuanto al lavado de dinero, la investigación se centró en los movimientos a través de una cueva ubicada sobre Perón al 600 que manejaba uno de los procesados; el contrabando de dinero cash hacia países limítrofes como Uruguay y Bolivia, y las actividades comerciales de “pantalla” de Gustavo Sancho, dedicado principalmente a la compraventa de autos.

De acuerdo a los cálculos de Arroyo Salgado, las cuentas no cierran al punto de que Sancho -en persona o a través de terceros- compró vehículos por 3.093.498 pesos y vendió por una cifra mucho menor: 570.000 pesos. De lo que nadie duda es de la pasión del clan por los fierros: Alan, el hijo mayor es piloto de carreras y lleva ese nombre por el corredor francés de Formula 1 Alain Prost, igual que el del medio, al que bautizó “Ayrton” por el brasileño Senna.

El cuadro de la causa se completa con todo tipo de escuchas telefónicas. Una de las más coloridas es entre Sancho y un conocido abogado defensor de narcos, quien en una conversación le insiste para que lo acompañe a pasar la noche en el boliche Cocodrilo: “Van a venir jueces amigos (….) fiscales federales”. También nombra a gente de Cancillería y de la Dirección General de Migraciones.

Las conexiones de Sancho llegaban a todos lados. Según se lee en la resolución de procesamiento, los operativos contra el clan debieron precipitarse luego de que “funcionarios de la Dirección Nacional de Migraciones” le advirtieran que existía un alerta vigente sobre él para controlar sus movimientos de entrada y salida del país.

Fuente: Diario21