MUÑOZ FEMENÍA Y ROBERTO ACOSTA A LA LEGISLATURA POR LA MUERTE DE ÁNGEL VERÓN.

El ministro de gobierno, Muñoz Femenía, y el secretario de seguridad, Roberto Acosta, están citados y deberían concurrir en el día de hoy a las 17:30 a la reunión ordinaria de la Comisión de Legislación General, Justicia y Seguridad, con el fin de brindar explicaciones e informes detallados sobre el procedimiento de desalojo y posterior represión del 24 de septiembre que habrían culminado con la muerte del dirigente social Ángel Verón. “Esperemos que no imiten la actitud del Jefe de Policía, Ariel Acuña, quién se negó a declarar ante la justicia”, adelantó el diputado Martínez.

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 El diputado de Libres del Sur, Carlos Martínez, uno de los impulsores de la convocatoria de los dos funcionarios de Capitanich, expresó que “es importante que esta iniciativa de los once legisladores del Interbloque VAMOS CHACO haya sido acompañada por la totalidad de los diputados oficialistas porque nos permite ubicar las responsabilidades políticas y operacionales del accionar de los agentes del Estado”.

“Queremos controlar el cumplimiento de los protocolos de actuación para manifestaciones públicas en el procedimiento represivo ordenado el 24 de septiembre, que autoridad ordenó el desalojo, si hubo orden judicial para el mismo, que funcionario político estaba a cargo de la policía ante la ausencia del ex ministro Oteo, si en las actuaciones sumariales que se siguen contra el personal interviniente participó la Dirección de Control. El pliego es extenso, son 15 puntos que intentan aclarar un caso que ha causado gran conmoción social, y del que se habla mucho porque hay varias contradicciones entre los distintos funcionarios”, sostuvo el legislador.

 Finalmente, Martínez señaló que “los diputados de la oposición estamos firmemente comprometidos en llegar a la verdad de los hechos y los nuevos funcionarios que nos visiten seguramente colaborarán con dicho fin, puesto que si de algo estamos convencidos es que no habrá impunidad y deberá haber justicia para aquellos que desde la función pública pudieran ser responsables de hechos aberrantes y prácticas institucionales represivas contra personas que reclamaban el reintegro de beneficios sociales y el cumplimiento de compromisos incumplidos por parte del actual gobierno”.