STJ REAFIRMÓ EL RESGUARDO A LA INTANGIBILIDAD SALARIAL DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS COMO GARANTÍA DE INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL

Nuevamente el Superior Tribunal de Justicia, por unanimidad, resguardó el principio de intangibilidad de los salarios de magistrados y funcionarios. En esta ocasión fue a través de las sentencia 239/15 de la Secretaría de Asuntos Constitucionales que llevó la firma de Isabel Grillo y los conjueces Alfredo Solá, Claudio  Lange, Omar Camors y Nora Giménez.

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Así dio respuesta a un grupo de jueces y un fiscal que, en el expediente “Fernández De Vecchietti, Nora M. O. y otros s/ acción de amparo”, interpusieron una acción de amparo con el fin de restablecer el principio garantizado por los 110 de la Constitución Nacional y 154 de la Constitución Provincial.

La sentencia declaró que el mismo había sido violado y determinó la equiparación de los sueldos con los de la justicia federal.
Alcances
En su parte resolutiva el pronunciamiento ordena a la provincia que en el plazo de 30 días de quedar firme la sentencia, proceda al pago del 50% de la diferencia existente entre la remuneración neta de bolsillo vigente para el Poder Judicial de la provincia y la remuneración neta de bolsillo de los cargos equivalentes de la justicia federal, más costas. Dispone asimismo, que la actualización se retrotraiga a la fecha de interposición de la demanda, en tanto el efecto natural de una sentencia de condena como la presente es el restitutorio y en la medida de lo posible, debe retrotraer las cosas al estado anterior.
También hace saber a los poderes ejecutivo y legislativo que, en el mismo plazo, deberán instrumentar los  mecanismos necesarios, financieros, presupuestarios y/o normativos respecto del 50% restante y la actualización progresiva hasta la equiparación total con el orden federal. Además de todo lo atinente para que en adelante y en el futuro, no se produzcan nuevos desfasajes o violaciones al principio de intangibilidad.
Por otra parte ordena que, si se incumple lo anterior,  se aplique una actualización progresiva del 12,5% semestral; el cual deberá computarse desde el vencimiento del plazo hasta legar a la equiparación total con el orden federal.
Finalmente determina que a partir de la presente se aplique a los amparistas los aumentos que en el futuro se otorgue la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cada caso.
Fundamentos
En sus fundamentos el Tribunal reiteró gran parte de los conceptos vertidos en  el fallo “Alonso” (251/14) que sirvió como precedente.
El artículo 154 de la Constitución Provincial, en idéntico sentido a la cláusula contenida en el artículo 110 de la Constitución Nacional determina, a fin de garantizar la independencia del Poder Judicial y el principio de división de poderes,  la intangibilidad de las remuneraciones de los magistrados. Esto implica la imposibilidad de que sus sueldos sean disminuidos o afectados en su magnitud económica de manera alguna.
Para determinar la transgresión al mencionado principio, el STJ analizó la evolución salarial del Poder Judicial durante los últimos 45 años, haciendo particular hincapié desde 2005 a la fecha. Éste último período fue comparado con el desarrollo experimentado por los salarios de la justicia federal. Como resultado se comprobó que esta última posee remuneraciones que casi duplican a las provinciales.
Además refirió al acuerdo firmado este año con el Poder Ejecutivo, al que definieron como “un progreso en el reconocimiento de la vigencia de la garantía de la independencia del Poder Judicial y la intangibilidad de las remuneraciones de los magistrados”. Aunque “no puede soslayarse el hecho de que sigue siendo una mera expresión de voluntad que a la fecha no ha representado modificaciones relevantes en la escala salarial, ya que la provincia sigue encontrándose en los últimos lugares de la tabla”.
Importancia de la intangibilidad
Destacaron que “el mandato constitucional de la intangibilidad de las remuneraciones está dirigido al legislador, quien es el responsable de resguardarla. Pero ante la omisión demostrada y la falta de respuesta por parte de las autoridades competentes a fin de solucionar un problema que concierne no sólo al Poder Judicial sino al Estado en su totalidad en virtud del sistema republicano que se adopta, debe el mismo Poder Judicial erigirse en defensa del orden constitucional y restaurar la transgresión que se ha comprobado”.
En tal sentido los jueces indicaron: “con mucha razón ha dicho la Corte que la garantía de la intangibilidad de las remuneraciones no puede ser ignorada por las provincias en tanto es esencia de la forma republicana de gobierno. Por otro lado, la forma federal de gobierno implica que sea cada Estado el responsable del mantenimiento de dicha garantía”.
El pronunciamiento se encuadra en el tipo de sentencias exhortativas, siguiendo precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la importancia de Badaro, Mendoza, Verbitsky, entre otros. En esa línea, resaltaron que “si las autoridades públicas, cada una en ejercicio del tercio de poder estatal constitucionalmente asignado, ajustáramos nuestras conductas e instaláramos la voluntad de Constitución en todos los ámbitos, en el caso, garantizando política e institucionalmente la intangibilidad de las remuneraciones como garantía de buen desempeño, por parte del poder legislativo y ejecutivo de previsibilidad, de seguridad jurídica e igualdad, basamentos del Estado constitucional de derecho y de la forma republicana de gobierno, no hubiera sido necesario provocar el control jurisdiccional, en ejercicio de un derecho y en cumplimiento del deber que tiene la magistratura de hacer cumplir lo constitucionalmente pactado con entidad suprema. Es decir, si ello hubiera acontecido no habría sido necesario la articulación de sucesivos amparos y la respuesta judicial que debemos dar mediante este pronunciamiento, como garantía de tutela judicial efectiva, exhortándolas a la adopción de los recaudos necesarios para asegurar la intangibilidad vulnerada”.